Alexander Galetovic y Ricardo Sanhueza revisaron las políticas públicas para las pyme y revelaron que no hay evidencia de que hayan funcionado en el pasado.

Por Carla Alonso

En 2007, Corfo puso a disposición de los bancos US$ 200 millones para  dar créditos de más largo plazo a las pymes. A esto se sumó una línea de crédito del BancoEstado para financiar inversión en activo fijo. Sin embargo, “los hechos muestran que en ninguna parte las empresas (pymes) se endeudan a plazos largos (…) La razón es que la mayoría de las empresas sale al cabo de un tiempo, y no sería juicioso prestarles por largo tiempo. A pesar de esto, el gobierno sigue creyendo que los plazos cortos son un problema e insiste en subsidiar créditos de largo plazo, pese  que no hay ningún estudio de impacto que respalde tal política”.

La crítica corresponde a los economistas Alexander Galetovic y Ricardo Sanhueza y la dan como un ejemplo de los innumerables “mitos” sobre las pymes y las políticas que las favorecen. Ambos publicarán en el proximo número de la revista de Estudos Públicos del CEP un informe con las medidas pyme adoptadas entre 2002 y 2009, el cual acompañará a modo de epílogo un paper que  escribieron en 2002 junto a Ángel Cabrera y Sergio de la Cuadra bajo el título “Las pyme: quiénes son, cómo son y qué hacer con ellas”, por encargo de Sofofa.

¿Por qué publicar un trabajo ocho años después de escrito? El epílogo concluye que “Las pyme” se mantiene vigente ocho años después de escrito, porque poco ha cambiado desde entonces. La principal razón, a juicio de los autores, es el foco de las políticas públicas, que no ha variado: “La premisa del Estado sigue siendo que su rol es fomentar y ayudar a las pyme”, según Galetovic y Sanhueza.

Los autores añaden que el eje de las políticas públicas sigue siendo el fomento, pese a que no hay evidencia de que haya funcionado en el pasado o que vaya a hacerlo en el futuro, ni que el Estado sea el indicado para enseñarles a las pyme cómo gestionar mejor. “Pero aún, nuestro Estado nunca ha evualuado el impacto de su legión de programas, y seguramente tampoco lo hará en el futuro”, agregan. Y pese a que el número de firmas crece todos los años en Chile, “el mensaje que acompañó al proyecto de ley para empresas de menor tamaño (Estatuto pyme) reitera que estas empresas tienen problemas para desarrollarse”, señalan los autores.

El Estado “cree innecesario evaluar el impacto de sus programas”, afirma el estudio. Un ejemplo que cita es que en 2007 el gobierno aumentó en $ 2.570 millones el presupuesto de los programas para mejorar la gestión de microempresas y pymes. El programa fue usado por 427 microempresas y pyme, pero “no se evaluó su impacto ni cuánto valor crean”.

Viejos errores
Según el documento, “muy poco se ha hecho desde 2002 por simplificar y eliminar trámites. Los pocos avances han ocurrido lentamente -tomó cuatro años eliminar el Impuesto de Timbres y Estampillas- y acciones como el “Estatuto” introducen más burocracia y una institución -el Consejo Consultivo Público-Privado de las EMT- que probablemente será irrelevante en el mejor de los casos”, sostienen los autores.

Según los expertos, una muestra “de lo pobre que ha sido la labor de nuestros gobiernos el que sus actos se comuniquen cada cierto tiempo en forma de pomposos planes con nombres marketeros -”Chile compite”, “Chile emprende contigo”- que recopilan promesas vagas y un par de medidas concretas que debieran ser parte del trabajo rutinario”.

Sus propuestas
¿Cómo debieran enfocarse las políticas para las pyme? En opinión de Galetovic y Sanhueza, se debe hacer un catastro sistemático de trámites, regulaciones y programas, y eliminar rápidamente aquellos que no sirven o son redundantes.

El énfasis se desplazaría desde las leyes y planes a los procesos. “Nuestro Estado comenzaría a hacerse cargo de la estructura de la maraña regulatoria y, desde la Presidencia, instalaría una oficina que se encargaría de coordinar al enorme aparato del Estado y darles cierta coherencia a las regulaciones que tienen impactos en varios sectores”, dicen los autores.

Finamente, creen que el Estado debería simplificar y eliminar trámites, asegurarse que funcione la central de garantías para que los bancos compitan, y crear registros comerciales y de firmas para evitar que para cada trámite sea necesario legalizar títulos, firmas y escrituras.

Visto en: la Tercera

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